Temucuicui y el financiamiento del terrorismo

Luis Larraín

Mario Vargas Llosa se refirió hace años a Hernando de Soto como un economista con nombre de conquistador, enojado porque éste asesoró a Alberto Fujimori, que devino en dictador. De Soto trabajó con Fujimori especialmente en un tema: el sustento económico del terrorismo. Perú enfrentaba entonces el flagelo de Sendero Luminoso y de Soto, un economista muy inteligente, investigó en profundidad cómo los grupos terroristas financian sus actividades. Hoy día es un exitoso consultor experto en estos temas en los que ha asesorado a distintos gobiernos de lugares tan recónditos como Afganistán, según me lo reveló él mismo en una conversación en Santiago hace algunos años.

El caso de Sendero Luminoso le abrió los ojos, al descubrir que una parte importante del poder que ostentaba el grupo terrorista, que causó decenas de miles de muertes en el país vecino, se basaba en un negocio muy lucrativo. Cobraba por la protección que brindaba a grupos de campesinos; pero junto con garantizar su seguridad, les proveía de un servicio invaluable: seguridad jurídica en la propiedad de sus tierras. La ausencia del Estado en muchos lugares del Perú llevó a Sendero Luminoso a actuar como un auténtico conservador de bienes raíces, para lo cual confeccionó su propio registro de propiedades, que era respetado religiosamente por los campesinos peruanos, confiados en el respaldo que la fuerza del grupo terrorista les garantizaba.

Hernando de Soto venía estudiando el tema de la informalidad desde antes de entrar a asesorar a Fujimori y en 1986, junto a Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, publicó la obra “El Otro Sendero”, en que afirmaba que Perú, por la vía de formalizar y registrar la propiedad y la actividad productiva podía superar la pobreza.

De Soto afirma que siempre detrás de un grupo terrorista hay una organización criminal que explota un negocio ilícito. Ese negocio se va haciendo cada vez más lucrativo y genera dinero con el cual el grupo financia la actividad terrorista. En el caso de las FARC el negocio era la cocaína, en Afganistán puede ser el opio y en la comunidad Temucuicui, ubicada en la Araucanía en la comuna de Ercilla, es la marihuana y el robo de madera. La única manera de enfrentar a estos grupos, según Hernando de Soto, es cortar su fuente de financiamiento.

No estaban mal encaminadas la Fiscalía y la Policía de Investigaciones en Chile, entonces, cuando desde hace más de un año estaban persiguiendo las actividades ilícitas de grupos, que, camuflados bajo el manto de reivindicaciones mapuches, dirigen un negocio lucrativo transformando a la larga a la población mapuche en sus principales víctimas. El operativo de más de 800 policías que pretendía incautar droga, armas y dinero siguió a otros tres de alcance más reducido realizados en 2020, que permitieron a la policía determinar el lugar exacto dónde se realizaba esta actividad criminal. Pero la acción se vio interrumpida por el violento ataque con armas de alto poder de fuego en el interior de la comunidad de Temucuicui, que terminó con un policía muerto y 11 heridos.

El problema que tenemos en Chile es que los terroristas tienen una red de protección que incluye a parte de la prensa y entidades de derechos humanos, que actúan como ayudistas. Si 800 policías no pudieron con ellos, ha sido por filtraciones o por policías sin suficiente poder represivo. El Gobierno y la Fiscalía deben emplear en este problema los recursos necesarios para derrotar a estos grupos y neutralizar a sus aliados, o Chile tendrá que resignarse a perder parte de su territorio.